Exigen al INVI desalojar predio invadido hace más de dos décadas
Propietarios demandan la restitución inmediata de un inmueble ocupado irregularmente desde hace 22 años tras el vencimiento de los plazos legales.
Un grupo de propietarios ha lanzado un ultimátum al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para que realice la devolución de un predio que permanece invadido desde hace 22 años. La exigencia establece un plazo máximo de 15 días naturales para concretar la entrega del inmueble, tras haberse cumplido la semana pasada la última prórroga otorgada a la dependencia para resolver la situación jurídica del terreno.
El conflicto, que se ha prolongado por más de dos décadas, se encuentra en una etapa crítica debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos previos. Representantes de los afectados han señalado que la ocupación irregular ha impedido el uso legítimo de la propiedad, generando un desgaste administrativo considerable ante las autoridades capitalinas. La falta de una solución definitiva ha motivado esta nueva demanda ciudadana de pronta respuesta.
Fuentes cercanas al caso indicaron que las mesas de diálogo con el INVI no han logrado concretar la desocupación en los tiempos estipulados anteriormente. La postura de los propietarios es firme en cuanto a la necesidad de recuperar el control legal y físico del predio, argumentando que el retraso en la ejecución de los acuerdos vulnera el derecho a la propiedad privada. Se espera que en los próximos días se establezcan encuentros de seguimiento para evaluar el estado de la propiedad.
Por su parte, el equipo jurídico que acompaña a los dueños ha reiterado que, de no cumplirse con el plazo de 15 días, iniciarán acciones legales adicionales por la vía administrativa. La problemática pone de manifiesto los retos que enfrenta el INVI en la gestión de conflictos territoriales antiguos, donde la conciliación entre los intereses de los poseedores y los legítimos dueños ha sido un proceso complejo y extendido a lo largo de varios años.
La situación se mantiene bajo observación por parte de las autoridades locales, quienes deberán determinar la viabilidad de la entrega inmediata o justificar las causas que impiden el desalojo. Los vecinos de la zona han expresado su expectativa de que este proceso se resuelva pronto para evitar mayores afectaciones en la seguridad y el entorno urbano de este sector de la ciudad.
