Kenia López acusa a Luisa María Alcalde de rebasar límites éticos

La senadora Kenia López Rabadán señaló este sábado a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, por considerar que el uso de recursos públicos para exhibir una lista de 120 cuentas críticas en redes sociales constituye una transgresión a los principios éticos del ejercicio gubernamental. La legisladora argumentó que este tipo de acciones desde el Poder Ejecutivo federal vulneran el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho al disenso dentro del marco democrático vigente en México.

El conflicto surgió tras la difusión de un listado que señalaba a diversos usuarios de plataformas digitales como críticos constantes de la gestión actual. De acuerdo con el equipo de la legisladora, la exposición de estos perfiles por parte de una funcionaria de alto nivel del gabinete presidencial busca inhibir la participación ciudadana y estigmatizar a quienes cuestionan las políticas públicas desde el ámbito digital.

Kenia López Rabadán enfatizó que la función de la Consejería Jurídica debería centrarse en el análisis técnico y legal de las propuestas del Presidente de la República, y no en el seguimiento o la vigilancia de las opiniones ciudadanas. La legisladora solicitó que se garantice un ambiente de respeto para todos los ciudadanos, independientemente de su postura ideológica o sus críticas hacia la administración pública.

Por su parte, fuentes cercanas a la administración han mantenido que la exposición de estas listas responde a una estrategia de transparencia y derecho de réplica ante lo que consideran desinformación. No obstante, voces en el Senado de la República han advertido que este tipo de confrontaciones pueden polarizar aún más el debate político nacional en un momento crítico para la agenda legislativa.

La controversia ha generado diversas reacciones entre los grupos parlamentarios, quienes debaten sobre los límites entre la comunicación gubernamental y la posible persecución de la crítica. Mientras tanto, el tema se mantiene en la agenda pública como un punto de fricción entre el Poder Ejecutivo y la oposición en la Cámara Alta.