La SCJN ratifica facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución definitiva este jueves, estableciendo que los jueces federales carecen de competencia para suspender los bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La determinación judicial sostiene que estas medidas de congelamiento son instrumentos esenciales dentro de los procedimientos de investigación financiera que realiza el Estado mexicano para prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento a actividades ilícitas.

El máximo tribunal del país enfatizó que el bloqueo de cuentas, cuando es solicitado por autoridades nacionales en colaboración con organismos internacionales, debe mantenerse vigente para no obstruir las indagatorias en curso. Con este criterio, se limita la capacidad de los jueces de distrito para otorgar suspensiones provisionales o definitivas que pretendían liberar los recursos financieros de personas físicas o morales bajo investigación antes de que se concluya el debido proceso.

Esta decisión de la SCJN refuerza el marco legal que faculta a la UIF, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para actuar con celeridad ante sospechas de transacciones irregulares. Según la Corte, el interés público de proteger el sistema financiero nacional prevalece sobre la pretensión de los particulares de acceder a sus cuentas mientras el procedimiento administrativo de la unidad de inteligencia continúa su cauce legal.

Expertos en derecho constitucional señalan que este precedente brinda mayor certeza jurídica a las instituciones de procuración de justicia y finanzas. La resolución busca evitar que los recursos vinculados a operaciones financieras dudosas sean dispersados o retirados del sistema bancario mexicano mientras las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, integran las carpetas de investigación correspondientes.

Finalmente, la SCJN subrayó que el afectado por el bloqueo de la UIF aún cuenta con los medios de defensa ordinarios para impugnar la legalidad de la medida ante las instancias administrativas, pero sin la posibilidad de suspender el acto de autoridad de manera inmediata. Esta postura busca equilibrar la protección del sistema financiero contra la delincuencia organizada con el derecho de audiencia de los ciudadanos involucrados en procesos de investigación.