Luisa Alcalde responde a críticas sobre listado de periodistas en México
La dirigente partidista minimizó las preocupaciones por la difusión de datos personales, asegurando que no existe motivo para temer por la integridad del gremio.
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respondió este sábado a los cuestionamientos realizados por el periodista Joaquín López-Dóriga respecto a la reciente polémica sobre una lista que contiene información de diversos comunicadores. Durante un intercambio en medios, Alcalde rechazó que la circulación de este documento represente una amenaza directa o un peligro inminente para la seguridad del gremio periodístico en el país.
Alcalde enfatizó que no existe razón para generar miedo entre los profesionales de la comunicación y señaló que las interpretaciones sobre el listado han sido desproporcionadas. La postura de la dirigente se centra en desestimar las acusaciones sobre posibles actos de intimidación, instando a los sectores críticos a mantener la calma frente a las controversias digitales que han surgido en días recientes.
Por su parte, diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión han manifestado preocupación por la exposición de datos personales, argumentando que este tipo de acciones pueden vulnerar la seguridad de quienes ejercen el periodismo en entornos de alta violencia. Los colectivos han solicitado a las autoridades federales una investigación clara para esclarecer el origen y la finalidad de la información difundida.
La dirigente partidista reiteró que su movimiento político mantiene un respeto por la labor informativa y sugirió que los señalamientos en su contra forman parte de una narrativa diseñada para afectar la imagen de su gestión. Aseguró que los canales de diálogo permanecen abiertos para aclarar cualquier malentendido derivado de la publicación de dichos datos.
Este suceso ocurre en un contexto donde el gremio periodístico ha exigido mayores garantías de protección por parte del Estado, ante el aumento de agresiones registradas en diversas entidades federativas. Mientras la controversia continúa en el debate público, la clase política se mantiene dividida entre quienes denuncian una vulneración a la privacidad y quienes minimizan el impacto del suceso.
