Registran 43 homicidios de actores políticos y sociales en Oaxaca
En cuatro años de gestión de Salomón Jara, han sido asesinados cinco ediles, ocho exalcaldes, nueve líderes sindicales y 21 activistas e indígenas.
El gobierno de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara, registra un saldo de 43 homicidios contra actores políticos y sociales en los últimos cuatro años de administración. Según cifras oficiales, la lista de víctimas incluye a cinco presidentes municipales en funciones, ocho exalcaldes, nueve líderes sindicales y 21 activistas o dirigentes indígenas, lo que refleja una tendencia persistente de violencia en diversas regiones de la entidad.
Los hechos, que han sido documentados por autoridades ministeriales, han afectado gravemente la estabilidad política en diversos municipios oaxaqueños. La recurrencia de estos ataques contra funcionarios y representantes de organizaciones sociales ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil, quienes demandan una intervención más contundente por parte de las instancias de seguridad federales y estatales para contener la crisis de violencia que impacta a la gobernabilidad.
Ante este panorama, la administración estatal ha reiterado la necesidad de fortalecer la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional para blindar las zonas de mayor riesgo. El gobierno de Jara ha propuesto la implementación de protocolos especiales para el acompañamiento de autoridades municipales en áreas identificadas como focos rojos, buscando reducir la vulnerabilidad de quienes ocupan cargos de representación popular.
Por su parte, las organizaciones civiles han señalado que el entorno de impunidad prevaleciente dificulta la resolución de estas carpetas de investigación. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene abiertas diversas indagatorias para deslindar responsabilidades, aunque la cifra de detenciones efectivas por estos casos sigue siendo motivo de debate público entre colectivos de derechos humanos y el aparato gubernamental.
El desafío para la administración estatal es revertir el clima de inseguridad que afecta a los liderazgos locales y regionales. Mientras tanto, la presencia de fuerzas federales se mantiene en puntos estratégicos de la entidad, intentando contener la incidencia delictiva que ha marcado negativamente el periodo de gestión en curso.
