SCJN ordena juzgar desapariciones de mujeres con enfoque de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que los jueces federales y locales están obligados a juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos bajo un enfoque de género y de interseccionalidad. Este fallo establece que la perspectiva de género no es una opción discrecional para los juzgadores, sino un mandato constitucional esencial para garantizar el acceso a la justicia y la verdad en entornos de violencia estructural.

La sentencia subraya que, al analizar estos expedientes, las autoridades deben considerar las condiciones particulares de vulnerabilidad y los riesgos específicos que enfrentan las mujeres por su labor de defensa. La Corte argumentó que la falta de este enfoque en las investigaciones actuales ha derivado en una invisibilización de los motivos detrás de las desapariciones, lo que obstaculiza la obtención de pruebas y el desahogo de procesos judiciales efectivos ante la Fiscalía General de la República y fiscalías locales.

Con esta determinación, los tribunales deberán ahora evaluar cómo factores como la identidad étnica, la condición socioeconómica y el contexto regional influyen en la persecución de las defensoras. La SCJN enfatizó que los operadores de justicia deben romper con los estereotipos que históricamente han minimizado la gravedad de estos hechos, exigiendo una diligencia reforzada en la búsqueda y localización de las víctimas.

La resolución busca armonizar las prácticas judiciales con los tratados internacionales ratificados por México, obligando a que las sentencias y resoluciones no sean ciegas ante la realidad de género. Especialistas en derecho constitucional señalan que este precedente sienta las bases para que las víctimas indirectas tengan una mayor participación en los procesos y para que la carga de la prueba se maneje bajo estándares más rigurosos de derechos humanos.

Finalmente, el Poder Judicial de la Federación se ha comprometido a implementar protocolos de capacitación continua para jueces y magistrados en todo el territorio nacional. Se espera que esta medida contribuya a reducir la impunidad en los casos donde la labor de defensa de derechos ha sido el eje central de las agresiones, garantizando así una justicia restaurativa que considere las dinámicas de poder y opresión que rodean estas desapariciones.