Verónica Ruffo cuestiona versión de la FGR sobre bloqueo de cuentas bancarias
Un audio atribuido a Verónica Ruffo contradice la postura oficial de la FGR respecto a la cancelación de sus servicios financieros en BanBajío.
La ciudadana Verónica Ruffo hizo público un audio donde personal de la institución bancaria BanBajío le notifica la cancelación definitiva de su cuenta, contradiciendo directamente las declaraciones recientes de la Fiscalía General de la República (FGR). La autoridad ministerial había sostenido previamente que no existía una solicitud formal ni intervención de su parte para restringir o bloquear los movimientos financieros de la involucrada, generando una discrepancia sobre el origen de las medidas administrativas aplicadas a sus activos.
En la grabación difundida, se escucha a una supuesta representante del banco informar a Ruffo sobre la terminación de su contrato bancario, citando normativas internas de cumplimiento. Esta comunicación directa pone en duda la versión de la Fiscalía, la cual ha mantenido una postura de deslinde respecto a las acciones tomadas por el sector financiero privado en este caso específico. La falta de claridad sobre si el bloqueo fue una decisión autónoma del banco o una instrucción derivada de una investigación judicial ha generado incertidumbre sobre el debido proceso.
La defensa legal de Ruffo ha señalado que los hechos documentados en el audio demuestran que las restricciones no son una coincidencia operativa, sino una acción dirigida que afecta su patrimonio. Según los representantes legales, este tipo de procedimientos deben estar sustentados por requerimientos oficiales, por lo que han solicitado a las instancias correspondientes que se transparenten los oficios de colaboración que la FGR pudiera haber enviado a las entidades bancarias involucradas.
Por su parte, la Fiscalía General de la República ha reiterado en sus canales oficiales que su labor se limita a las atribuciones conferidas por la ley y que no se ha emitido orden alguna de congelamiento de activos contra la persona mencionada. Sin embargo, la persistencia de la evidencia sonora obliga a un escrutinio mayor sobre la coordinación entre las instituciones bancarias y las autoridades de procuración de justicia en el país, ante la posibilidad de que existan mecanismos de presión administrativa fuera de los canales judiciales ordinarios.
El caso continúa bajo análisis mientras diversas organizaciones civiles han exigido que se garantice el derecho de audiencia y se aclare si existen investigaciones en curso que justifiquen estas restricciones bancarias. La situación pone de relieve la importancia de la transparencia en la comunicación entre el sistema financiero mexicano y las fiscalías, evitando que los ciudadanos queden en un estado de indefensión ante cierres de cuenta sin una justificación legal plenamente notificada.
